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¡Tierra a la vista!

El problema territorial siempre fue un problema. A nivel internacional el imperialismo y el colonialismo reflejaron (y lo siguen haciendo) a un nivel macro la búsqueda de poder y de riquezas mediante la especulación y la invasión, sin importar las consecuencias ni la expulsión de los habitantes que históricamente permanecían allí, con las consecuencias que esto acarrea: quitar el sentimiento de pertenencia e historia personal y empobrecimiento.
Pero no es solo desde la mirada de la conquista de un país sobre un territorio, sino que es muy común el conflicto territorial dentro de cada estado: particularmente la situación en Argentina (y seguramente en muchos otros países), si bien complejo, es simple de resumir: quien ostenta de poder, influencia y herramientas reclama un territorio y expulsa a quienes habitan el lugar mientras que el estado les da la protección necesaria, legislando a favor de que las cosas se den de esa forma.
La patagonia es un claro ejemplo de lo expresado en el párrafo anterior. Como es de público conocimiento, enormes extensiones de tierras (para no pecar de decir que toda la patagonia argentina) pertenecen a titulares privados, y en algunos casos a extranjeros (imperialismo del siglo XXI). Territorios que habrían sido adquiridos a bajos costos. En la modificación del Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1º de agosto del 2015 nuestros legisladores (esas personas a las que votamos para que nos representen) aprobaron la disminución del camino de sirga de 35 a 15 metros.
Citando el código: ARTÍCULO 1974.- Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo.
Si bien debemos remarcar que el territorio del camino de sirga sigue siendo propiedad del privado, su uso y acceso es público: es decir, todas las personas pueden (o deberían poder) acceder a él, y dichos titulares no deberían prohibir el paso a dichos caminos o cursos de agua, siendo este derecho garantizado por el estado. ¿Pero el estado lo garantiza?
Cambiando de zona geográfica y de situación conflictivas, en las últimas semanas pudimos leer que el director técnico de la selección argentina de fútbol habría comprado 2.400 hectáreas en Salta para un proyecto inmobiliario, en una zona que estaría protegida por la ley de bosques. Si bien el gobierno provincial autorizó el desmonte y el objetivo podría llegar a ser la siembra de soja, no se tuvo en cuenta que en esa zona viviría gente. Gente que sería expulsada de su lugar o encerrada en unas pocas hectáreas, probablemente perjudicando la actividad que desarrollaban en el lugar. (1)
Pero el problema territorial y habitacional no es exclusivo de grandes extensiones de tierras con recursos naturales hermosos como el caso de nuestra Patagonia o norte argentino, sino que también es propio y está muy presente en nuestras ciudades; y que si bien es muy grave, muchas veces pasa desapercibido en la vorágine de la vida diaria o en el pensamiento de que en una ciudad grande ya no quedan extensiones de tierra. O tal vez pensemos que todo tiene dueño. Pero aquí podemos ver directamente la especulación inmobiliaria y la connivencia política sin importar las consecuencias sociales o ambientales.
Las últimas tierras de Rosario
Rosario es una ciudad que está ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, a un poco más de 300 kilómetros hacia el noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.
En los últimos meses ha salido a la luz un conflicto que se viene entramando desde ya hace varios años sobre las últimas tierras sin urbanizar de Rosario. Conflicto que se popularizó porque el caso judicializado estuvo a punto de terminar en un desalojo ordenado por la jueza que lleva el caso.
Las últimas tierras de Rosario están ubicadas al noroeste de la ciudad, en lo que se conoce como Nuevo Alberdi: hacia el oeste de la ruta 34 está la parte rural, en la que viven aproximadamente 200 familias, y al este, hacia el río Paraná, la parte urbana donde hay alrededor de 1000.
En una conferencia pública a la cual asistimos, en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, el pasado 17 de mayo, Juan Monteverde (concejal en la ciudad de Rosario y parte integrante del conflicto de Nuevo Alberdi) junto con la vicedecana de la facultad, hablaron del tema.
En 2007 hubo una inundación en esta zona, la cual fue bastante grave. Eso provocó que el estado municipal y provincial se planteara en ese momento la realización de obras para evitar futuras inundaciones. Pero cuando se aproximan obras, aparecen los especuladores inmobiliarios, que se aprovechan de lo que realiza el estado ya que toda mejora en infraestructura eleva el valor del terreno.
Se expulsa a la gente que está allí, utilizando convenios con el estado a cambio de la construcción de obras públicas o de viviendas sociales a las cuales se muda la gente. Problema el de estas viviendas (más allá de la mala calidad de su construcción) que no tiene en cuenta en ese “traslado” la actividad que las personas expulsadas desarrollaban en el lugar. En algunos casos, esas mismas personas expulsadas son las mismas que construyen el proyecto inmobiliario.
En el diario online Página/12-Rosario, el pasado mes de Enero salió un artículo en el cual citan a Roberto Monteverde, urbanista y director de proyectos de la consultora IGC, quien dice algo muy impactante: “Mientras los bordes de un río se mantienen inestables y sin tratamiento de infraestructura, quienes lo ocupan son sectores marginados que no tienen cabida en un lugar mejor, tal como quienes se instalan a vivir a la vera de las vías del ferrocarril. Luego, cuando aparecen las obras de ingeniería, la regulación estatal, ahí aparecen los sectores acomodados, los especuladores o los dueños de la tierra. Pasó en Posadas, con Yacyretá, pasó de algún modo en el norte del Gran Buenos Aires sobre el delta, y pasó también en los terrenos inundables de Nuevo Alberdi. Mientras no hay tratamiento, eso queda para los pobres, luego se transforman en mercancías inmobiliarias”. (3)
Este proceso se conoce como gentrificación, que es aquel por el cual se expulsa a la población pobre de una zona, y se la reemplaza por otra de mayor poder adquisitivo, incentivada por los bajos costos de la tierra, por estar cercana a la ciudad o a la actividad económica.
Es en ese momento posterior a la inundación en que comienzan las denuncias por “aprietes” y amenazas acerca de que si no cedían los terrenos o se retiraban, iban a ser sacados por la fuerza. Se sospechaba que el destino que le iban a dar a esas tierras era el de un proyecto de barrio residencial cerrado, ya que, dijeron, no conocían quién o quiénes eran los que estaban reclamando esas tierras. “Se estaban enfrentando a alguien sin rostro”.
En función a esta situación y a las sospechas del proyecto, en el año 2010 se logra sancionar la ordenanza Nº 8725 que prohíbe la creación de barrios cerrados residenciales en Rosario; regulación que se intentó replicar en el nuevo Código Civil pero que finalmente fue desistida.
Artículo 1º.- Suprímase la figura de barrio privado o cerrados para la totalidad de la tierra comprendida en el ejido municipal de la ciudad de Rosario, dispuesta en la Ordenanza NO6492197 art. 3 punto 4.2.4 y su decreto reglamentario. […]
Artículo 2º.- Prohíbase la figura de club de campo para la totalidad de la tierra comprendida dentro del ejido municipal de la ciudad de Rosario.[…] (4)
En relación a este tema, hay un hecho que resulta muy curioso: que si bien la población de la ciudad se mantuvo más o menos constante en la última década (datos que se desprenden de los censos efectuados en los años 2001 y 2010) la construcción de edificios aumentó, un hecho que a simple vista puede observarse si uno vive en o viaja frecuentemente a Rosario. Sin embargo, como mencionó el concejal en la conferencia, existe un déficit habitacional, y se expulsa a la población hacia las ciudades o pueblos aledaños (o “cercanos”) a Rosario porque la tierra es más barata. (5)
El conflicto judicial entre los que reclaman la supuesta titularidad y los habitantes actuales (y durante muchos años) del tambo pasó del ámbito privado al ámbito público. Si bien decir “las últimas tierras de Rosario” puede sonar apocalíptico, es una situación muy importante y que podría marcar una diferencia en la administración y respuesta estatal-política que solemos observar.
Se le solicitó a la parte demandada y amenazada con el desalojo a que presentaran un proyecto para ese territorio; y si bien se llevó a cabo una audiencia pública en la cual distintos participantes dieron sus puntos de vista sobre el destino que podrían tener esos territorios sin urbanizar de Rosario se denunciaron (como suele ocurrir) maniobras políticas, como la de cerrar el concejo por parte de la presidente del mismo para que no se pudiera realizar dicha audiencia.
¿Fallarán a favor del Tambo y de las tierras de Nuevo Alberdi? ¿Fallarán a favor de los “titulares” que reclaman esas tierras y que tal vez pretendan aprovechar la obra pública para ejecutar proyectos inmobiliarios que sean inalcanzables para la gente común? ¿Podrán nuestros legisladores enfrentar el tema, darle el tratamiento que necesita y obtener un resultado donde todos (o la mayoría) salga ganando? ¿Se opondrán a intereses particulares y económicos o que por conveniencia propia les convengan?
De la forma en que lo hagan, que dios y la patria los demanden.
Referencias:
(1)

1 Comentario en ¡Tierra a la vista!

  1. Me parecio muy interesante tu articulo.una vez mas vemos el nivel d desigualdad y desproteccion d los mas pobres frente a los politicos d turno y los dueños d la tierra y de casi todo.creo q esta desigualdad es milenaria.espero q podamos ser mejores ciudadanos, informarnos, educarnos mas y cambiar las leyes q sean necesarias para mejorar las cosas

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