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Venezuela y la “guerra económica”

El gobierno de Maduro, intervino ciertas cadenas de electrodomésticos acusando a sus directivos de usureros y soldados de la guerra económica en contra del Gobierno.
A los argentinos nos suena familiar la frase “restricción del mercado de divisas”. En Venezuela también está vedada la compra de dólares y por supuesto, allí también existe un mercado paralelo. Pero algunos importadores que sí tienen permitido la compra al tipo de cambio oficial estipulado, fueron acusados de usura al importar por el tipo de cambio oficial y vender en el mercado interno al tipo de cambio paralelo.
Así, siete directivos de cadenas de electrodomésticos como Daka, JVC y Krash, fueron apresados al ser acusados de una suerte de estafa a los consumidores. Pero eso no es todo, el gobierno también intervino las tiendas con las fuerzas armadas a las cuales se les ordenó garantizar que las ventas operen a un precio “justo”, el cual voceros del Gobierno estipularon en un 50% del precio actual de venta.
Dada esta situación, miles de venezolanos se agolparon en las puertas de las tiendas para hacerse con los productos rebajados hasta que todo se descontroló y concluyó con saqueos, represiones y violencia. Además, el Gobierno ordenó cerrar las páginas webs donde se cotiza la divisa en negro en señal de lucha contra el mercado paralelo.
Es interesante analizar si un gobierno tiene o no la legitimidad de imponer los precios de venta que decide estipular una empresa privada, lo cual teniendo en cuenta un pacto previo entre la entidad pública y la privada acerca de un permiso para importar a un tipo de cambio especial, tiene lógica que al ser tergiversado por la parte privada, el gobierno lo sienta como una falta. Pero esta situación hace pensar sobre el porqué la competencia de mercado no castiga a las empresas privadas antes que el gobierno tenga que intervenirlas con el ejército. Si varias cadenas aumentan los precios de forma oligopólica, deberían perder la batalla de precios con las tiendas más pequeñas. Sucede que en realidad la estructura oligopólica del mercado ya está avalada por el gobierno desde el momento que permite importar al tipo de cambio a algunos y a otros no.
Lo sucedido en Venezuela es el resultado de la combinación de una inflación arriba del 45% y una restricción al mercado de divisas, puesto que obliga al gobierno a autorizar a unos pocos (vaya saber bajo qué criterio) a importar lo indispensable para satisfacer las demandas sociales y así corre el riesgo de que los privados se valgan de las herramientas que brinda el mercado para estipular precios según conveniencia y no bajo un honesto interés por el bienestar de los consumidores.
Probablemente, si el gobierno eliminase el control de cambios y todos los importadores pudiesen vender en el mercado interno, la competencia haría bajar los precios, pero contribuiría claramente a acelerar aún más la inflación, deteriorando el poder de compra del bolívar y pauperizando cada vez más el poder adquisitivo de los sectores más carentes.

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